El diputado nacional Rodrigo De Loredo quedó en el centro de una fuerte controversia luego de publicar en sus redes sociales un video generado con Inteligencia Artificial (IA) en el que se clona la imagen y la voz del gobernador Martín Llaryora. El material desató un rechazo generalizado por parte de dirigentes políticos de distintos espacios, que no descartan la vía judicial para denunciar el hecho.
El video, que simula declaraciones falsas del mandatario provincial, fue difundido este martes y generó una inmediata reacción por el uso malicioso de herramientas tecnológicas con fines políticos. Desde el entorno de De Loredo sostienen que el contenido no constituye una campaña sucia, ya que no fue publicado en contexto electoral y al final se aclara que fue creado con IA.
Sin embargo, el caso reaviva el debate sobre los límites legales y éticos del uso de la inteligencia artificial en la política, especialmente tras lo ocurrido en las elecciones porteñas, donde un deepfake de Mauricio Macri fue retirado por orden judicial luego de ser difundido por sectores vinculados a La Libertad Avanza.
Reacciones políticas
El arco político cordobés expresó su repudio de forma contundente. Los intendentes y presidentes comunales agrupados en la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas emitieron un comunicado en el que calificaron la acción como una “grave falta de ética” que “atenta contra la institucionalidad, el diálogo democrático y la buena fe ciudadana”.
“El uso malintencionado de inteligencia artificial para manipular la imagen y la palabra del gobernador constituye un acto de irresponsabilidad”, señalaron. Entre los firmantes hay referentes de Hacemos Unidos por Córdoba, Vecinalismo, La Libertad Avanza, el Foro de Intendentes Radicales, el Comupro y el Mucora.
Posibles consecuencias legales
Aunque el Gobierno provincial aún no presentó una denuncia formal, especialistas en derecho ya analizan el caso y se espera que se evalúen posibles medidas judiciales. El antecedente del caso Macri durante los últimos comicios legislativos sentó un precedente importante en materia de desinformación política mediante IA, con intervención del Tribunal Electoral de CABA y órdenes de remoción de contenido en redes.
En el plano jurídico, aún no hay sentencias penales firmes en Argentina por el uso de deepfakes en contextos políticos, pero sí existen acciones civiles y administrativas por la vulneración de derechos como la privacidad, la identidad y el acceso a información veraz. En Buenos Aires, la fiscal Marcela Monti inició una acción colectiva contra el uso de IA para clonar rostros y voces, reclamando medidas de protección al consumidor y campañas de concientización.
Un debate en expansión
El caso De Loredo reabre un debate en pleno año electoral: el uso de tecnologías avanzadas en campañas y estrategias políticas sigue siendo un terreno sin una regulación clara. A medida que estas herramientas se hacen más accesibles y sofisticadas, crece la necesidad de normas jurídicas que garanticen el juego limpio y protejan la integridad del proceso democrático.
