En una decisión que marca un antes y un después en la defensa del orden y la libertad individual, el Concejo Deliberante de Río Cuarto aprobó una ordenanza clave para ponerle freno a los trapitos, esos autopercibidos cuidacoches que, en realidad, extorsionan a los vecinos a cambio de “dejarles el auto entero”.
El proyecto, que contó con amplio respaldo de la mayoría del cuerpo, fue impulsado por el bloque oficialista y busca recuperar el control del espacio público, garantizar la libre circulación y terminar con el cobro compulsivo disfrazado de trabajo informal.
Solo dos concejalas se opusieron al proyecto: Antonella Nalli (Primero Río Cuarto) y Marisa Cariddi (La Fuerza del Imperio del Sur), fieles al progresismo garantista que prefiere defender al victimario antes que al ciudadano que labura y paga impuestos. Por su parte, Franco Miranda, del bloque aliado al kirchnerismo, optó por la tibieza y se abstuvo.
La nueva normativa establece sanciones económicas para quienes ejerzan esta práctica sin autorización o de forma intimidante. Y va más allá: quienes reincidan en conductas violentas podrán perder beneficios sociales, en una medida esperada por todos los que están hartos de financiar con sus impuestos a quienes viven del apriete callejero.
La ordenanza también prevé un plan de abordaje social para quienes hoy cumplen este rol, incluyendo alternativas laborales y seguimiento social, dejando en claro que no se trata de criminalizar la pobreza, sino de terminar con el negocio de la impunidad.
En una ciudad donde el vecino de bien viene soportando amenazas, aprietes y destrozos por negarse a pagarle a estos pseudos trabajadores, la medida fue celebrada por amplios sectores de la sociedad. Por fin una ordenanza que protege al ciudadano de a pie, y no al que vive del miedo ajeno.
El mensaje es claro: en Río Cuarto se acabó la cultura del vale todo. El espacio público no es tierra de nadie. El que quiera vivir del esfuerzo ajeno, va a tener consecuencias.
