La histórica fábrica de neumáticos Fate anunció el cierre definitivo de su planta en San Fernando, una decisión que marca el final de 80 años de actividad industrial y conlleva el despido de 920 trabajadores. La empresa, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, justificó la medida drástica como consecuencia de una «tormenta perfecta» conformada por tres factores críticos: un prolongado y desgastante conflicto gremial, la agresiva apertura comercial que facilitó la entrada de competidores y una notable caída en la demanda local.
El contexto económico que asfixió a la compañía se caracterizó por un cambio drástico en las reglas de juego del mercado. Según informes recientes, la reducción de los aranceles de importación del 35% al 16% provocó un aumento del 34,8% en el ingreso de neumáticos extranjeros, principalmente asiáticos, entre 2023 y 2025. Esta competencia, calificada por la empresa como «desleal» debido a los subsidios en origen, forzó una baja del 42,6% en los precios internos, erosionando la rentabilidad de la producción nacional en un mercado que ya se encontraba desabastecido y con consumidores buscando precios más bajos en países limítrofes.
A la presión financiera se sumó una conflictividad laboral que la dirección de Fate describió como insostenible. La relación con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) se deterioró gravemente tras meses de paros, bloqueos y negociaciones fallidas, centradas en demandas salariales y condiciones de trabajo para los fines de semana. Javier Madanes Quintanilla, titular de la firma, había advertido previamente sobre la pérdida de competitividad y gobernabilidad de la planta, señalando que la disputa no era solo económica, sino sobre quién conducía realmente la fábrica.
La reacción ante el anuncio no se hizo esperar: el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria por 15 días para frenar los despidos y abrir una mesa de diálogo, aunque el clima en los portones de la fábrica permanece tenso. Mientras el sindicato y referentes gremiales como Rubén «Pollo» Sobrero convocan a rodear la planta y resistir la medida, sectores políticos debaten si la responsabilidad recae en la rigidez de las leyes laborales o en un modelo económico que, según la oposición, desprotege a la industria nacional frente a la competencia global.
En un movimiento corporativo paralelo que ha generado suspicacias, se conoció que Fate vendió parte de su predio a Aluar —otra empresa del mismo grupo familiar— por 27 millones de dólares poco antes del cierre. Mientras la Unión Industrial Argentina (UIA) expresa su preocupación por las distorsiones que afectan al sector, el cierre de Fate deja un vacío significativo en el tejido industrial argentino, convirtiéndose en un caso testigo de las tensiones entre la apertura económica y la protección del empleo local en este 2026.
El contexto económico que asfixió a la compañía se caracterizó por un cambio drástico en las reglas de juego del mercado. Según informes recientes, la reducción de los aranceles de importación del 35% al 16% provocó un aumento del 34,8% en el ingreso de neumáticos extranjeros, principalmente asiáticos, entre 2023 y 2025. Esta competencia, calificada por la empresa como «desleal» debido a los subsidios en origen, forzó una baja del 42,6% en los precios internos, erosionando la rentabilidad de la producción nacional en un mercado que ya se encontraba desabastecido y con consumidores buscando precios más bajos en países limítrofes.
A la presión financiera se sumó una conflictividad laboral que la dirección de Fate describió como insostenible. La relación con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) se deterioró gravemente tras meses de paros, bloqueos y negociaciones fallidas, centradas en demandas salariales y condiciones de trabajo para los fines de semana. Javier Madanes Quintanilla, titular de la firma, había advertido previamente sobre la pérdida de competitividad y gobernabilidad de la planta, señalando que la disputa no era solo económica, sino sobre quién conducía realmente la fábrica.
La reacción ante el anuncio no se hizo esperar: el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria por 15 días para frenar los despidos y abrir una mesa de diálogo, aunque el clima en los portones de la fábrica permanece tenso. Mientras el sindicato y referentes gremiales como Rubén «Pollo» Sobrero convocan a rodear la planta y resistir la medida, sectores políticos debaten si la responsabilidad recae en la rigidez de las leyes laborales o en un modelo económico que, según la oposición, desprotege a la industria nacional frente a la competencia global.
En un movimiento corporativo paralelo que ha generado suspicacias, se conoció que Fate vendió parte de su predio a Aluar —otra empresa del mismo grupo familiar— por 27 millones de dólares poco antes del cierre. Mientras la Unión Industrial Argentina (UIA) expresa su preocupación por las distorsiones que afectan al sector, el cierre de Fate deja un vacío significativo en el tejido industrial argentino, convirtiéndose en un caso testigo de las tensiones entre la apertura económica y la protección del empleo local en este 2026.
