En la Exposición Rural de Palermo, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda, elogió la baja de retenciones anunciada por Javier Milei y aseguró que se trata de una “señal positiva” que dará confianza al sector agropecuario. Según el dirigente, esta reducción del 20% en soja y maíz permitiría incrementar la producción y generar miles de empleos. Sin embargo, en medio de los aplausos, se pasó por alto que las medidas llegan junto a un veto presidencial que afectó directamente a los jubilados, una contradicción que muchos prefieren no mencionar.
La postura de la Sociedad Rural, que calificó la política oficial como “fundamental para reactivar la economía”, refuerza la alianza con un gobierno que sigue ajustando en otros frentes. Mientras el campo festeja y proyecta aumentos de producción del 50% si se eliminan las retenciones por completo, el Estado sigue dependiendo de este impuesto para sostener sus cuentas. Así, se plantea una discusión de fondo: ¿quién gana y quién paga el costo de estas decisiones?
La sintonía entre Milei y el sector rural quedó en evidencia con el fervoroso recibimiento al presidente, que recordó épocas de Menem y Macri. El problema es que, detrás de los discursos de “libertad y reactivación”, se esconde una política que prioriza a un sector mientras otros —como jubilados y trabajadores— ven recortados sus derechos. En un contexto de crisis, aplaudir el ajuste en nombre del crecimiento parece un lujo que solo algunos pueden darse.
